No está decidida aún cómo se planteará esta reforma, pero fuentes de Génova explican que se pretende reducir el peso de los servicios públicos en el PIB estatal, que ahora está en el 45%. El PP se inclina por reducir el porcentaje hasta el 35%. De ahí que la reforma será “dolorosa” a corto plazo, precisamente por sus efectos inmediatos en la destrucción de empleo, aunque los populares confían en que a medio plazo se producirá un trasvase de riqueza al sector privado, lo que volverá a generar puestos de trabajo. La idea es desmantelar parte de la estructura de la Administración y de las empresas públicas de las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero para volver a un escenario parecido al de 2004.