Comunicado de la Junta Directiva Nacional de solidaridad con Ana María Mendez, y con el resto de damnificados por sentencias similares; y de denuncia contra la impunidad de SGAE.

Un comunidado que transcribimos en su totalidad:

La semana pasada se hizo publico que Ana María Mendez (propietaria de Traxtore) ha perdido un juicio en primera instancia contra SGAE con motivo de la exigencia del pago retroactivo del canon de productos vendidos incluso antes del acuerdo entre ASIMELEC y entidades de gestión, como se indica aquí. Transmitimos ya privadamente a Ana María nuestra simpatía y solidaridad ante lo sucedido, a pesar de lo cual queremos refrendarlo públicamente para que no quepa ningún género de dudas de nuestra concienciación ante la gravedad de estos hechos; y es que el caso de Ana -conocido por la bravura y valentía de esta mujer- es sólo la punta de un triste iceberg de erosión llevado a cabo por las entidades de gestión contra el tejido de las PYMES y de empresas tecnológicas, sostenes económicos de España.

Estamos ante una sentencia realizada en base a una auditoría más que dudosa y a una aplicación torticera de la LPI, ya que tan importante como otras cuestiones en nuestro ordenamiento jurídico es la seguridad jurídica; y es que dejar pasar años desde la aprobación de una Ley hasta la definición de las condiciones de su aplicación, aplicándose retroactivamente dichas condiciones, genera total inseguridad jurídica en los damnificados que pueden llegar a cerrar sus negocios por total desamparo.

Un suceso éste que se dio bajo la Administración Aznar (que se desentendió del problema), y que se está repitiendo bajo la Administración Zapatero -por la infinita cobardía y sumisión a las entidades de gestión de los señores Calvo (Ministerio de Cultura) y Clos (Ministerio de Industria, confirmando este último que aún habrá de pasar otro año, pasadas las Generales, hasta que el llamado ultracanon se resuelva)-, ya que se cierne la amenaza de otra aplicación retroactiva del canon a pequeños comerciantes, de entre los cuales una gran mayoría podrían no soportar un castigo económico semejante -el importe del canon sobre CDs y DVDs supera ya el precio del producto- y tener que cerrar. Algunos fabricantes ya lo han hecho.

Es hora de afrontar la cuestión principal de este problema: PP, PSOE, IU y nacionalistas parecen legislar y gobernar al dictado de unas asociaciones, las entidades de gestión de derechos de autor, que al menos en algunos casos (y de forma probada) no cumplen con la legalidad vigente, mientras que exigen a los ciudadanos cumplir leyes en algunos casos probablemente inconstitucionales (aprobadas por la presión de dichas entidades).

A falta de las muy necesarias auditorías fiscales -que el Gobierno elude llevar a cabo- y de estudiar el funcionamiento interno de todas y cada una de las entidades de gestión que operan en este país, vamos a centrarnos en una que de forma especialmente sangrante viola leyes fundamentales de este país: la Sociedad General de Autores y Editores (o SGAE).

Comencemos por el hecho de que SGAE es una asociación antidemocrática, donde sólo aproximadamente el 1% de sus socios ostentan el poder absoluto de manera formal y efectiva. Esto es así por dos razones:

* ACAM, otra entidad de gestión, hablando de las elecciones de hoy, 28 de junio de 2007, para la Junta Directiva de SGAE, dijo sin ruborizarse que “8.000 socios de la entidad están llamados a las urnas para votar a sus representantes para los próximos cuatro años” y que “de los 4.500 de 1995 se pasó a los 5.900 de 2001 y, ahora, a los 8.000”. No parece importarles el hecho de que habiendo 66.000 asociados de SGAE a poco mas del 10% de asociados se les reconocerá su derecho al voto (o lo que es lo mismo, casi un 90% de asociados de SGAE serán privados de su derecho a voto).
* Además de ser eso cierto (los propios Estatutos de SGAE lo confirman), también es cierto que un solo asociado puede acumular hasta 20 derechos de voto en función de los derechos de autor que genere, lo que como hemos comentado provoca que un número ínfimo de asociados ostente la mayoría de derechos de voto para elegir la Junta Directiva. Aunque la LPI de 1987 incluyó un artículo 136.5 -ahora, artículo 151.5- para validar el voto ponderado, dicho artículo posiblemente sea inconstitucional por no cumplir la reserva de ley de la Ley Orgánica 1/2002 que establece el articulo 81 de la Constitución -habrán de ser los socios de SGAE los que acudan a los tribunales para instar a un juez a que cuestione la constitucionalidad de dicho artículo-.

Que casi el 90 % de socios de SGAE no tengan derecho de voto viola la Ley, concretamente la Orgánica 1/2002 de asociaciones (su artículo 21), ya que en toda asociación legal todo asociado tiene derecho a ejercer su derecho de voto. No ha de ser PIRATA quien concurra a los tribunales: en su lugar, animamos a los 66.000 socios de SGAE damnificados que acudan a los tribunales para exigir que cambien los Estatutos de SGAE o se proceda, de lo contrario, a la disolución de tan nociva asociación; y en este caso no animamos, exigimos al Ministerio Fiscal que cumpla con su cometido y se pronuncie tanto sobre la legalidad de SGAE como, en función de ésta, la necesidad de tramitar judicialmente su disolución y, en su caso, aplicar el Código Penal para que la Justicia condene a la Junta Directiva de SGAE (en el caso de que en las elecciones de hoy 28 no triunfe una candidatura que regenere dicha entidad de gestión instaurando la democracia interna que la Ley exige). También, de paso, debe pedir explicaciones el Ministerio Fiscal al Ministerio de Cultura acerca de bajo qué criterio validó (lo pone en los Estatutos de SGAE) el año pasado unos Estatutos que no se ajustan a la legalidad vigente.

Mientras, el Gobierno y la oposición parecen legislar y aplicar leyes al dictado de las entidades de gestión y, especialmente, de la SGAE (sin que les preocupe lo mas mínimo la falta de democracia interna de SGAE a la hora de aceptarles como interlocutores validos); la LPI varió en buena medida a su antojo; se frustró el tristemente famoso artículo 17bis de la LISI únicamente por la proximidad de las elecciones municipales; el ultracanon auspiciado entre otros por SGAE está metido en la nevera para ser descorchado tras las Generales. ¿Quienes somos los soberanos de este país? ¿Los ciudadanos mayores de edad con derecho a voto, más de 33′5 millones de personas? ¿O apenas 600-700 socios plenipotenciarios de una entidad de gestión cuyos Estatutos no se ajustan a la legalidad vigente?

Los políticos tradicionales deben elegir a quiénes sirven y a quiénes eligen como interlocutores, si a unas g€$tora$ o al conjunto de la sociedad; y someter a todas las entidades de gestión a una minuciosa inspección (que suponga la disolución cuando alguna no cumpla con la Ley); de lo contrario, aquí estaremos denunciando para que las urnas hablen.

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