Pese a que desde la propia Comisión del Mercado de Telecomunicaciones(CMT) se recordó que Telefónica cumplía con sus resoluciones para establecer sus precios en el mercado de la banda ancha, el Gobierno no parece estar dispuesto a recurrir la millonaria multa que la Comisión Europea ha impuesto a la operadora española por un supuesto abuso de posición dominante en el sector entre los años 2001 y 2006 en España. Poco después de recibir la sanción, Telefónica solicitó al Tribunal de Luxemburgo la anulación de la multa.


Poco después de hacerse público la sanción de la Comisión a Telefónica, el propio presidente de la reguladora, Reinaldo Rodríguez, dijo que "como responsable de la CMT no me hace gracia que se hagan estas cosas, es más, hubiese preferido que en vez de abrirle un expediente al que cumple una resolución de la CMT, se lo hubiesen abierto a la CMT". Sin embargo, subrayó que no creía posible que la CMT pudiera intervenir en el recurso aunque señaló que estudiaría la multa en busca de "algún bien defendible en el que puedan participar".

Rodríguez dijo además que el regulador no coincidía ni en la metodología ni en criterios con Bruselas y recordó que la resolución inicial se tomó en un momento en que la banda ancha estaba aterrizando en España. La CMT reguló entonces el acceso a la red de Telefónica en 2001, cuando obligó a la operadora a dar el servicio y fijó el precio máximo, con el objetivo de que cualquier compañía pudiera ofrecer banda ancha sin tener que realizar grandes inversiones.

Ante la inacción del Gobierno, es Telefónica la que inmediatamente comenzó las gestiones. En una nota a los medios, Telefónica anunció "su firme intención de solicitar la total anulación de la inexplicable decisión de la Comisión Europea con respecto al procedimiento iniciado, a petición de una empresa controlada por el Estado francés, contra Telefónica de España por un supuesto abuso de posición dominante en el mercado español de acceso de banda ancha a Internet". Calificó además la decisión de Bruselas de "injustificada y desproporcionada", tanto en el plano jurídico, como económico y de mercado ya que, dice, "ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones".

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